11 años de Ayotzinapa: padres exigen justicia a Sheinbaum
Han pasado 11 años de búsqueda, de desesperación y decepción. 11 años en que las promesas de verdad y justicia se han desvanecido para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
El caso fue calificado como un crimen de Estado que obligó al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a renunciar, y marcó la administración de Enrique Peña Nieto. Las investigaciones oficiales concluyeron que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula: la llamada “Verdad Histórica”.
Andrés Manuel López Obrador aprovechó esta tragedia durante su campaña presidencial y prometió terminar con la verdad histórica y encontrar con vida a los normalistas. Lo mismo ocurrió con el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, aseguró Melitón Ortega, familiar de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
“Y hoy con la nueva presidenta no es que como lo hemos dicho, no es que haya una confianza, no lo existe todavía, la confianza la vamos a generar, la va a generar la presidenta siempre en cuando que haya resultados”.
Desde que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia se han realizado cinco mesas de trabajo con las familias y abogados, al igual que con López Obrador. El principal obstáculo es cuando se habla del ejército mexicano.
“Se ponen en la mesa de reunión con la presidenta que el ejército pueda entregar toda la información faltante y de ahí se hizo el compromiso, y ya la tercera reunión nos informa que el ejército respondió de esa solicitud diciendo que no había nada, que toda la información ya se había entregado”.
Tras casi 11 años de ser la voz y asesor de las familias, el abogado Vidulfo Rosales dejó su representación para incorporarse al equipo de Hugo Aguilar, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su lugar quedó Isidoro Vicario, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan, quien afirma que las familias no permitirán un regreso a la “Verdad Histórica” que concluyó que los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por integrantes del Cártel Guerreros Unidos.
“Las familias reconocen ciertos avances como la detención de ocho soldados; la de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la república; y la de la exmagistrada, Lambertina Galeana, acusada de ordenar la destrucción de los videos del C4 en Iguala, donde presuntamente se habría grabado el momento del secuestro de los estudiantes.
Pero el gobierno morenista no ha liberado las más de 800 sábanas de llamadas telefónicas que, aseguran, tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco ha concretado la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, refugiado en Israel.
Estos 11 años de incertidumbre han cobrado la vida de seis madres y padres de los normalistas desaparecidos, quienes fallecieron por enfermedades agravadas por la angustia y la ausencia de respuestas.
“Para nosotros es lo más doloroso que un gobierno que ve que no se terminó de esclarecer un tema de desaparición de los 43 pues ya lo deja a un lado”, aseguró Melitón Ortega, familiar de Mauricio Ortega, desaparecido.
En noviembre próximo se celebrará la sexta reunión de los familiares y sus abogados con la presidenta. El futuro de las mesas de trabajo dependerá de los avances de la investigación.