Cambios en Ley de Aguas: Diputados suavizan sanciones
Diputados de Morena y aliados realizaron cerca de 50 cambios a la iniciativa presidencial para reformar la Ley de Aguas Nacionales, principalmente en las sanciones penales y multas por delitos relacionados con corrupción, acaparamiento y desperdicio del líquido.
Luego de una serie de reuniones que encabezó esta semana el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con dirigentes agrícolas, se redactó una iniciativa de 537 páginas que busca atender la mayoría de las demandas que motivaron bloqueos en más de 20 estados del país, principalmente en la reducción de años de prisión y multas económicas.
El énfasis de los cambios está en el artículo 123, donde se establece que se consideran delitos hídricos y se perseguirán de oficio los contenidos en el presente capítulo, así como los establecidos en el Código Penal Federal.
El proyecto fue circulado por la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Elizabeth Cervantes, con la intención de cumplir el plazo legislativo de cinco días para votarlo en el pleno el próximo miércoles.
La nueva redacción indica que se perseguirán de oficio por el Ministerio Público de la Federación los delitos previstos en el presente capítulo y se elimina el transitorio de retroactividad de la ley.
El artículo 123 Bis 3 de la iniciativa apunta que se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente.
La modificación menciona que a quien dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro, a sabiendas de que dichas aguas fueron extraídas de manera ilegal, se impondrá prisión de tres meses y multa de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Cuando la cantidad sea mayor o equivalente a 50 mil litros, se impondrá prisión de seis meses y multa de 150 a 250 UMA.
El ejecutivo había propuesto penas de dos a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días multa, pero se determinó reducirlas a tres meses a cinco años de prisión y multa de hasta dos mil UMA.
También se redujeron las sanciones en el artículo 123 BIS 5, referente a imponer de uno a ocho años de prisión y multa de hasta 4 mil UMA, al servidor público que otorgue concesiones o permisos para la explotación de aguas nacionales.
Se elimina el artículo 123 Bis que impone pena de uno a nueve años de prisión a quien modifique o altere las instalaciones de medición de volúmenes de aguas nacionales.
El proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum propone la expedición de una Ley General de Aguas que reglamenta el derecho humano al agua y propone reformar 124 artículos.
El artículo 47 BIS determina que la Comisión Nacional del Agua establecerá un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes de agua.
El proyecto subraya que la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, provocó un aumento masivo en el otorgamiento de concesiones.
Además, propone la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar (REPNA) como una base única de datos para proporcionar información y seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales.