Congreso de Chihuahua propone Ley para la Cultura de Paz

El Congreso de Chihuahua ha enviado una iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión para expedir la Ley General para la Cultura de Paz y Reconciliación. Esta ley establecerá bases jurídicas para fomentar la cultura de paz y reconciliación.
La diputada Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado, destacó que la propuesta busca construir una sociedad más inclusiva y resiliente, contribuyendo al desarrollo social, político y cultural.
La iniciativa establece la obligatoriedad para que la Federación, entidades federativas y la Ciudad de México promuevan la cultura de paz y reconciliación, garantizando una convivencia armónica entre diversos grupos sociales.
Se amplía el alcance fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a vivir en un entorno de paz y seguridad. Además, se delimitan mecanismos para promover valores como el respeto y la igualdad, con el fin de prevenir la violencia y fortalecer la reconciliación social.
La propuesta incluye principios, objetivos y acciones específicas para promover una convivencia pacífica, estableciendo responsabilidades para instituciones públicas y privadas. También se define el Programa Nacional para la Cultura de la Paz y Reconciliación.
Se plantea la creación de una Comisión permanente para la Cultura de la Paz, que coordinará esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto enfatiza que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia de valores como el diálogo y la reconciliación. Además, se menciona que la violencia no se resuelve solo con castigos, sino que requiere abordar los conflictos y violaciones de derechos.
Finalmente, se propone que la Cámara de Diputados y las legislaturas estatales expidan las normas legales necesarias y tomen medidas presupuestales para garantizar el cumplimiento de la Ley en el ejercicio fiscal siguiente a su entrada en vigor.