Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte por crisis
LIMA (AP).— El Congreso peruano destituyó a la mandataria Dina Boluarte por ‘permanente incapacidad moral’. Los partidos políticos que la respaldaban en el Parlamento retiraron su apoyo en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad.
Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre de 2022, sucediendo a Pedro Castillo, quien intentó disolver el Parlamento. Castillo fue removido por ‘incapacidad moral’ y actualmente está detenido mientras es juzgado por presunta rebelión.
Según la ley, el presidente del Parlamento, José Jerí, debe asumir la presidencia. Sin embargo, los legisladores pueden elegir a otro congresista, lo que requeriría que Jerí renuncie.
La tarde del jueves, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, los principales grupos políticos que apoyaban a Boluarte, anunciaron su respaldo a los pedidos de destitución.
Por la noche, se aprobaron cuatro solicitudes para votar la remoción de la jefa de Estado. Boluarte había indicado previamente que concluiría su gestión programada hasta el 28 de julio de 2026.
La destitución ocurre a seis meses de las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026, donde se elegirá un nuevo presidente y nuevos miembros del Congreso.
Desde el inicio de su mandato, se presentaron ocho pedidos de vacancia contra Boluarte, pero ninguno prosperó debido al respaldo de los grupos legislativos. Boluarte no cuenta con bancada propia.
La crisis política se intensificó tras un ataque armado a un popular grupo de cumbia en Perú, que dejó cinco heridos. Este ataque es un reflejo del aumento de la criminalidad que el gobierno de Boluarte no ha logrado controlar.
Durante sus primeros tres meses en el cargo, más de 500 protestas exigieron su renuncia. Boluarte había prometido renunciar si Castillo era destituido, pero no cumplió, lo que fue visto como una traición.
Las manifestaciones, especialmente en los Andes del sur, resultaron en 50 civiles muertos, incluidos ocho menores de edad, debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, según informes de organismos internacionales.