Familias de víctimas de Guardería ABC reaccionan al arresto

La mañana del viernes 3 de octubre trascendió la deportación y encarcelamiento de Sandra Téllez Nieves, socia fundadora de la Guardería ABC, institución que se consumió en llamas el 5 de junio de 2009, causando la muerte de 49 niñas y niños, y lesiones a decenas más.

Las reacciones de las madres de las víctimas variaron: a pesar de que hay quienes manifiestan su agradecimiento y esperan que la justicia alcance al resto de culpables, también hay quienes no dan crédito a la situación y señalan al gobierno de utilizar la tragedia como moneda de cambio.

Patricia Duarte Franco, la líder del Movimiento Cinco de Junio y madre del menor Andrés Alonso, fallecido como consecuencia de la tragedia, cuestionó que el mensaje publicado por la Fiscalía General de la República (FGR) establece que la detenida “se presume inocente”, aunque se encuentra en el Centro de Reinserción Social para Mujeres ubicado en Hermosillo, Sonora.

“Esto me hace pensar muy mal”, afirmó la activista al dar a conocer su posición respecto a lo informado por la autoridad federal.

La reaprehensión de Téllez Nieves se refiere a que se encontraba prófuga desde 2022 tras violar su libertad condicional y establecerse en los Estados Unidos, donde fue detenida por la INTERPOL a inicios de este año.

Este hecho trascendió en agosto pasado, cuando Juana Luna Hernández, madre de Jonatan de Jesús, también víctima mortal del incendio, dio a conocer la situación gracias a informes de personas cercanas al caso.

Luna Hernández manifestó sorpresa y agradeció, pero puntualizó que “no es suficiente”.

“Vemos como una luz al final del túnel, pero no es suficiente. Desde el día uno todas las madres hemos levantado la voz”, manifestó.

Los cuestionamientos también pasan por la interpretación del acontecer del estado y del país: la líder del Movimiento Cinco de Junio señaló al gobierno de hacer uso político de la tragedia.

“Están usando la causa ABC para desviar la atención”, afirmó.

Las madres de las víctimas señalan que el caso no se encuentra cerrado, por lo que lo dicho por las autoridades no representa el punto final del caso. Además del deslinde de responsabilidades pendiente, queda todavía el camino hacia la «no repetición» de la tragedia e, incluso, la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.