FGR solicita extradición de Víctor Álvarez Puga desde EE.UU.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ha solicitado la extradición a México del empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
Mediante un comunicado, la FGR recordó que el empresario cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Tras conocerse la detención de Álvarez Puga en Florida, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó a la SRE iniciar el trámite ante el Gobierno de EE.UU. para la detención provisional con fines de extradición.
Un juez migratorio de EE.UU. concedió la deportación de Víctor Álvarez Puga el pasado 17 de octubre, sin embargo, la defensa del empresario recurrió la orden.
Se espera que el miércoles 12 de noviembre se resuelva si se procede o no con la detención con fines de extradición.
Mientras tanto, el empresario se encuentra recluido en el centro de detención de migrantes de Krome North, en Florida.
Primeros informes indican que la detención de Víctor Álvarez Puga ocurrió porque no contaba con documentos que respaldaran su estancia legal en EE.UU.
La FGR acusa a Álvarez Puga, su esposa Inés Gómez Mont y a otras diez personas por el desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras bajo el control del empresario.
El desvío millonario se realizó mediante la adquisición de contratos para equipar diversos penales federales.
En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con el fin de evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad una matriz de firmas fantasma.
En 2016, Inés Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.
De ser encontrada culpable, Gómez Mont podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión.