Congreso de Chihuahua propone reducir plazos de respuesta
El Congreso de Chihuahua ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que propone reducir de tres meses a 30 días el plazo máximo para que las autoridades federales resuelvan las solicitudes presentadas por la ciudadanía.
La diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Justicia, mencionó que la propuesta incluye reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El objetivo es agilizar los procesos administrativos y judiciales, fortaleciendo el acceso efectivo a la justicia y garantizando resoluciones oportunas y eficaces.
Esta iniciativa surge debido a los plazos excesivos que las autoridades federales pueden tardar en responder a solicitudes, especialmente en situaciones que requieren una respuesta urgente o cuando la vida de personas está en riesgo.
Márquez Nolasco señaló que algunas dependencias pueden demorar hasta tres meses en responder, lo que resulta en una práctica habitual de «silencio administrativo». Esto contraviene el principio constitucional del derecho de petición, que exige una respuesta oportuna y motivada.
El «silencio administrativo» se interpreta como una resolución negativa ficta. Si no hay respuesta en el plazo establecido, la solicitud se considera denegada, lo que lleva a la persona interesada a recurrir a un procedimiento legal. Sin embargo, la ambigüedad en la ley sobre los plazos específicos genera incertidumbre tanto en la ciudadanía como en las autoridades.
La reforma busca contribuir al fortalecimiento de derechos humanos y garantías individuales, destacando el derecho de acceso a la justicia y la buena administración pública. Al reducir los plazos legales de respuesta, se pretende evitar la dilación indebida en los trámites y asegurar que la ciudadanía reciba respuestas claras y oportunas, promoviendo mayor certeza jurídica y transparencia en la actuación gubernamental.