Sheinbaum: Terrenos de Alito ligados a lavado de dinero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que entiende que los terrenos expropiados por el Gobierno de Campeche a personas ligadas al dirigente nacional del PRI, Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, habían sido adquiridos con lavado de dinero y corrupción.
«Entiendo que cambiaron la ley ellos en Campeche. Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema», dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
«Ahora planteamos que se está trabajando la Ley de extinción de dominio, porque es muy difícil, incluso en casos de delincuencia organizada donde está probado, ya está la sanción a la persona, hacer la extinción de dominio es muy largo», añadió.
Sobre este caso, cuestionada si implicaría extinción de dominio en casos de corrupción comprobada, la Presidenta Sheinbaum respondió que sí. «Es lavado de dinero, si se adquiere un predio, se tiene que demostrar. Cualquier cosa lo tiene que determinar un Juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran recursos públicos o malhabidos a través de algún moche, sí, que se entregue a la SEP para hacer escuelas, universidades», indicó.
La reforma la trabaja la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. Este martes, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que expropió tres predios de personas ligadas a «Alito» Moreno, que servirán para construir una Universidad del Bienestar.
De acuerdo con la declaratoria de expropiación, uno de los terrenos pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del también Senador Moreno Cárdenas. Los predios cubren una extensión de 70 mil metros cuadrados.
El día de hoy se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Declaratoria de utilidad pública con base en la reciente reforma a la Ley de Expropiación, con el propósito de construir e implementar la Universidad Nacional Rosario Castellanos, orientada a ciencias de la salud, proyecto de gran relevancia impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, tiene sustento en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.
Otros dos predios son propiedad del empresario Juan José Salazar Ferrer, a quien Sansores ha señalado como un supuesto prestanombres de Moreno Cárdenas. Un cuarto predio pertenece a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último es el actual titular de la Oficina de la Gobernadora.
La noticia se da a conocer luego de que apenas el pasado 3 de septiembre fuera reformada la Ley de Expropiación del estado de Campeche, con lo que la ciudadanía solo cuenta con cinco días para presentar sus alegatos, prolongar por 10 años el plazo para la indemnización que corresponda, y dejar en manos del Gobierno la valuación del predio.